Malas noticias para los jubilados
Vuelven los 90. El gobierno ajusta las jubilaciones y no aplica la ley de Movilidad Jubilatoria.
A través de un decreto, el gobierno deja sin efectos los aumentos de las jubilaciones y asignaciones sociales que surgían de la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que impedía que las mismas tuvieran una actualización menor o igual que la inflación. Fuerte repudio a la medida que retrotrae a las políticas de ajuste para estos sectores aplicadas en los 90 por los gobiernos de Carlos Menen y Fernando de la Rúa. Carrió se sumó a la crítica y dijo que defenderá la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. De la "reparación histórica" a la decepción de un solo viaje.
El presidente, Mauricio Macri, cambió el régimen de jubilaciones y aplicará un aumento por decreto para marzo que será de sólo el 12,6%. Por primera vez en años, la actualización de los haberes será muy inferior a la inflación.
Por la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada en 2009, los haberes se ajustan mediante la aplicación de un coeficiente semestralmente, en marzo y septiembre. Sin embargo, en esta ocasión, Macri decidió realizar la variación por decreto.
Hasta ahora, las alzas le habían ganado a la inflación, pero el 12,65% decidido por el Ejecutivo para el primer día de marzo queda por debajo de la mitad del alza de precios de 2016, que alcanzó el 41%.
Con este aumento, la mínima jubilatoria pasará de $ 5.661 a 6.377. En tanto, el haber máximo ascenderá de $ 41.474 a $ 46.721.
El monto de Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá de $ 1.103 a $ 1.243. También se elevará el valor de la Ayuda Escolar Anual a $ 1.040 por hijo.
Asimismo, a partir del primero de marzo se elevan las asignaciones por Nacimiento, pasando a $ 1.448, por Adopción a $ 8.679, por Matrimonio a $ 2.170 y por Cónyuge a $ 298 para jubilados
Pero la polémica fue cuando la oposición se enteró en la sesión Extraordinaria en la Cámara de Diputados que el Gobierno había modificado la fórmula para calcular los montos jubilatorios y se habían realizado por decreto. Tanto llamó la atención que la propia diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, solicitó una cuestión de privilegio para tratar este tema en la Cámara Baja.
La excusa que dieron desde Anses fue que las modificaciones fueron hechas "para que el cálculo sea más exacto" ya que, según afirmó Basavilbaso, la anterior tenía una "pequeña sobreestimación".
Al cierre de su intervención por la modificación a la ley de ART, que el bloque del Frente para la Victoria rechazó, el diputado Recalde trajo al recinto la noticia de que el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, había informado un cambio en el cálculo del aumento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares por resolución, y justificado que existía una "sobreestimación", por lo que el aumento que se acreditará a partir del 1 de marzo sería menor.
"Vinimos a esta sesión con mucha y muy buena fe. Vinimos con cuestionamientos e interrogantes porque lo que estamos examinando es sumamente complejo, pero pensando que podíamos aportar a una solución y nos encontramos con la nefasta noticia. Basavilbaso acaba de anunciar la rebaja de todos los planes por un decreto con la firma del Presidente", apuntó la titular del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño. "Nuestro bloque se va a abstener en votar la ley de ART como consecuencia de esta actitud deleznable del Poder Ejecutivo", aseguró.
La siguió el extitular de la Anses, Diego Bossio, quien anticipó la abstención del Bloque Justicialista. "Me siento orgulloso de haber sobreestimado los recursos de los jubilados", chicaneó las declaraciones de Basavilbaso y sostuvo que "la ley de movilidad jubilatoria forma parte de un esquema institucional sustentable, que nos enteramos que modifican, cuando estamos hablando temas sobre trabajadores".
En el mismo tono, el diputado del Frente Renovador y triunviro de la CGT, Héctor Daer, advirtió que estas decisiones del Ejecutivo llevan a "la conflictividad social". "No nos pidan racionalidad si se están animando a bajar por decreto todos los beneficios sociales. A esto no se animó nadie", subrayó.
La aliada y diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió pidió que la modificación de la ley de ART se vote, pero advirtió que "si lo que está diciendo la oposición es cierto" presentaría una moción de privilegio para repudiar al Poder Ejecutivo y aseguró: "Me comprometo a respetar la actual ley de movilidad social".
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, a varios de sus funcionarios, a miembros de la línea aérea AVIANCA y a empresarios del sector aeronáuticos por las presuntas irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.
Además del Presidente, Di Lello impulsó la acción penal contra el titular del grupo SIDECO Franco Macri, el Secretario General de la Presidencia de la Nación Fernando De Andreis y responsables de la línea aérea AVIANCA por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
También, la fiscalía instó la acción penal contra el Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Juan Pedro Irigoin y el Director Nacional de Transporte Aéreo de ese organismo Hernán Gómez, luego de la ampliación de la denuncia realizada por los diputados. A estos últimos, además, se los acusó de la conducta prevista en el artículo 218 del Código Aeronáutico, que reprime cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una aeronave, aeropuerto o aeródromo, o entorpecer la seguridad aérea.
La denuncia señala que "la privatización del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos por cifras millonarias y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar, se produce a principios de 2016 con la venta de ´Macair Jet´ a la compañía de origen colombiano AVIANCA, operación que se realizó a través del Grupo Sinergy Speed, que controla Avianca Holding y Avianca Brasil".
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, a varios de sus funcionarios, a miembros de la línea aérea AVIANCA y a empresarios del sector aeronáuticos por las presuntas irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.
Además del Presidente, Di Lello impulsó la acción penal contra el titular del grupo SIDECO Franco Macri, el Secretario General de la Presidencia de la Nación Fernando De Andreis y responsables de la línea aérea AVIANCA por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
También, la fiscalía instó la acción penal contra el Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Juan Pedro Irigoin y el Director Nacional de Transporte Aéreo de ese organismo Hernán Gómez, luego de la ampliación de la denuncia realizada por los diputados. A estos últimos, además, se los acusó de la conducta prevista en el artículo 218 del Código Aeronáutico, que reprime cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una aeronave, aeropuerto o aeródromo, o entorpecer la seguridad aérea.
La denuncia señala que "la privatización del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos por cifras millonarias y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar, se produce a principios de 2016 con la venta de ´Macair Jet´ a la compañía de origen colombiano AVIANCA, operación que se realizó a través del Grupo Sinergy Speed, que controla Avianca Holding y Avianca Brasil".
