En un sesión de fuerte debate, los distintos sectores de la oposición impusieron el proyecto que retrotrae las tarifas de los servicios a los valores de noviembre pasado. Ahora el proyecto debe ser tratado en el Senado para su aprobación. El gobierno viene anunciando que vetará cualquier intento de modificar su política tarifaria. En la calle, los ciudadanos manifestaron contra las tarifas
(Fuente: diario Página 12). Con el fantasma del FMI que sobrevoló todo el debate, los diputados opositores dieron media sanción al proyecto que pone freno a los tarifazos de los servicios públicos esenciales. Los 133 votos a favor reunieron a todo el arco opositor de la Cámara de Diputados aun con las disidencias sobre la iniciativa que declara la “emergencia tarifaria”, retrotrae las tarifas de luz, gas y agua a noviembre de 2017, propone estabilizarlas por un año y ata los futuros aumentos al índice de variación salarial para los hogares y al índice de precios mayoristas para pymes, cooperativas y empresas recuperadas. Del otro lado solo quedó el oficialismo con 94 votos en contra, que asumió la derrota con el horizonte del veto presidencial y criticó el proyecto, al que calificó de “irresponsable” y demagógico”.
Proyecto
La oposición dejó de lado varios capítulos del texto original. Como la reducción del IVA en las facturas de los servicios (del 21 por ciento al 10,5) para aplacar el reclamo de los gobernadores por los ingresos que dejarían de percibir sus provincias con la rebaja del impuesto coparticipable. El recorte tarifario no alcanzará a los sectores más altos, ya que los límites se establecieron de acuerdo a los consumos de los servicios. Mientras que se amplió el alcance de la tarifa social más allá de los beneficiarios de planes sociales, y que alcanzará -por ejemplo- a los clubes de barrios. Al cierre de esta edición se discutía artículo por artículo.
Desde el oficialismo, volvieron a hacer eje en el “costo fiscal” de la iniciativa opositora. Se apoyaron en un informe que Cambiemos solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que todavía no tiene acceso a sistemas informáticos, no tiene personal técnico contratado y ni siquiera oficina. Allí se estableció que el costo fiscal alcanzaría 80 mil millones de pesos.
Una cifra que los diputados que redactaron el proyecto desmintieron. Los opositores estimaron que con los cambios producidos en el proyecto el costo fiscal rodaría los 25 mil millones de pesos. “Nadie en Cambiemos habla del costo fiscal que significa la ley de Financiamiento Productivo y lo que dejaría de recaudar la AFIP con la aprobación del acuerdo con Brasil para eliminar la doble imposición sobre rentas”, argumentaron.
De convertirse en ley el proyecto votado anoche, sólo alcanzará a las empresas de servicios concesionadas por el gobierno nacional (sólo el gas abarca todo el país), por lo que las provincias podrían adherir a la emergencia nacional para adecuarla a las empresas que brindan los servicios en cada una de ellas.
Debate
Los cierres de los jefes de cada bloque sintetizaron el largo debate. Felipe Solá abrió el fuego en nombre del massismo y retrucó las acusaciones de Cambiemos. “La crisis llevó a la pérdida de soberanía en manos de la policía económica que es el FMI. Si esto no es irresponsabilidad que es lo que ha ocurrido. La gente no soporta este nivel de tarifas. Fueron ustedes, no nosotros, los que saquean el bolsillo de la gente”, respondió, y agregó: “La esencia de la demagogia es la mentira”.
Pablo Kosiner, de Argentina Federal, también se defendió de los ataques oficialistas. “Rompimos la grieta en la Argentina, que es discutir agenda y política sin desacreditar al que piensa distinto con descalificaciones para disimular sus propias falencias”, sostuvo. El representante del peronista “dialoguista” recordó su acompañamiento a proyectos del macrismo, incluido el blanqueo “pero no para que blanqueen los familiares” de los funcionarios. “Ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores porque no queremos un club del helicóptero”, sentenció. Kosiner también repasó cuando la UCR y el PRO dejaron sin presupuesto al kirchnerismo y decenas de proyectos de cuando eran oposición para modificar tarifas e impuestos.
“Este Gobierno tiene una cuota altísima de insensibilidad porque sus ministros no han pasado necesidades. La planilla excel de Aranguren no tiene la columna de la cuota de humanidad. No somos lobbystas de ninguna empresa, somos representantes del pueblo”, insistió Agustín Rossi por el FpV-PJ. “Qué hicieron en dos años y medio para tener que recurrir al FMI, a pedir el peor de los créditos con un nivel de condicionamiento enorme: bajar nivel de salarios y jubilaciones, flexibilización laboral, suba de tarifas. Siempre piden los mismo”, sentenció sobre el acuerdo con el FMI. “Lo mismo que el Gobierno: la mano dura contra los más débiles y la mano blanda para los poderosos”, agregó Rossi. “Parafraseando a un radical: el esfuerzo de los argentinos se va por la canaleta del pago de la deuda”, sintetizó para luego desafiar al oficialismo: “Díganme un solo país que haya pedido un crédito stand-by y fue exitoso”.
“Muchos pensarán que quienes están hablando en el recinto están haciendo un juicio de residencia a un gobierno que lleva 15 años”, contestó el jefe del interbloque oficialista, el radical Mario Negri, que involucró en el “fracaso” contra la inflación a todos los gobiernos en los últimos 70 años. Luego dijo sentirse “decepcionado” por la falta de autocrítica opositora y descargó las culpas del aumento de las tarifas sobre el kirchnerismo. “Estamos con este problema y gobierno puede tener un error, pero es consecuencia del gobierno anterior”, insistió Negri. Luego reconoció que la solución del problema puede llevar “varios gobiernos”. “Después podemos hablar del FMI, lo discutiremos, porque no tengo arnés ideológico”, dijo Negri pero sostuvo que para conseguir financiamiento externo hay que “tener una posición amigable con el mundo”.
Los diputados del interbloque Argentina federal (alineado con varios gobernadores peronistas) fueron los encargados de defender el proyecto opositor. El pampeano Sergio Ziliotto sostuvo que el texto del proyecto intentó consensuar una veintena de iniciativas contra el tarifazo, “buscando encontrar una salida racional a este problema que tenemos los argentinos”. Luego defendió la postura de su bancada frente a los ataques del oficialismo: “no somos ni desestabilizadores, ni golpistas, ni demagogos. Somos los mismos que fuimos partícipes de la mayoría de los consensos en esta Cámara”, recordó. “No estamos discutiendo gobernabilidad, sino lo que le ocurre a miles de argentinos”, arrancó su compañero de bancada Diego Bossio. “No queremos generar pronósticos catástrofe, pero la verdad es que lo que está pasando requiere mucho diálogo y grandeza; no se soluciona con adjetivos”, agregó. “Hace ya meses que oficialismo da vueltas para impedir que el Congreso apruebe el proyecto sobre las tarifas que Macri y sus ministros desquiciaron, perjudicando a las pymes, hogares y jubilados”, arrancó Axel Kicillof (FpV-PJ).
La devolución del oficialismo terminó por abroquelar aun más a la oposición. El macrista Luciano Laspina cargó contra el proyecto opositor. “Básicamente es volver al pasado, es congelar las tarifas es términos reales, es una versión aggiornada de la iniciativa que presentó Cristina Fernández de Kirchner en el Senado”, dijo y arremetió: “La ex presidenta que nos dejó en esta situación y que ahora nos propone una solución, es la que logra unificar a toda la oposición detrás de esa idea renovadora”. “Se nos quiso decir que era gratis cuando en realidad le costó miles de millones de dólares a los argentinos y a los más vulnerables”, continuó Laspina en referencia a los subsidios de los gobiernos kirchneristas.
En el kirchnerismo se encolumnaron para responderle. Máximo Kirchner se refirió al argumento de “la herencia recibida”. “Herencia es la que recibió Néstor (Kirchner) de (Eduardo) Duhalde, cuando muchos de los (diputados) que están enfrente habían huido”, señaló.
La jefa del bloque massista, Graciela Camaño, basó su intervención en la potestad del Congreso para actuar en la protección de los derechos de los usuarios de servicios públicos y recordó el “incumplido” fallo de la Corte Suprema sobre “tarifas razonables”. Sostuvo que el marco regulatorio sobre los servicios públicos plantea el “derecho de los usuarios de la protección de su salud, seguridad e interés económicos” en base a la “equidad social y capacidad contributiva”. Al tiempo que acusó al Gobierno de solo “maximizar las ganancias de las empresas”. “El problema lo tienen un problema ustedes, solucionar el problema porque la gente no aguanta más tantas mentiras”, disparó Camaño.
