Un Juez denuncia persecusión
Es el Magistrado que falló contra la conciliación obligatoria a los docentes y contra el tarifazo de los servicios
Se trata del dr. Arias que afronta un pedido de juicio político promovido por el gobierno de María Eugenia Vidal por haber declarado insconstitucional la conciliación obligatoria con los gremios docentes. Es también el magistrado que falló a favor de las Multisectoriales en Red en su lucha contra los tarifazos. En una entrevista publicada hoy por diario Página 12, explica el proceder del gobierno y lo acusa de perseguirlo por sus ideas. Es la misma metodología del gobierno de Mauricio Macri y su Ministro Triaca de persecusión a jueces y fiscales que no "cumplen con sus indicaciones" . La gobernadora también amenazó con quitar la personería jurídica a los gremios que continúen con sus medidas de fuerza. Esta semana habrá nuevos paros de diversos sectores de trabajadores públicos provinciales.
El juez platense Luis Federico Arias declaró inconstitucional la conciliación obligatoria dictada por el gobierno de María Eugenia Vidal por ser juez y parte en el conflicto con los docentes. La respuesta de Cambiemos fue un pedido de juicio político que no invoca ninguna resolución sino una supuesta “animosidad manifiesta” hacia el PRO. El mismo juez que al ex gobernador Daniel Scioli le anuló aumentos de tarifas, le impidió pagar aguinaldos en cuotas y que fue denunciado por confrontar con el gobierno provincial por datos sobre los muertos en la inundación de La Plata en 2013, rechazó lo que considera “una persecución política, una caza de brujas” por parte del macrismo.
–¿Qué lectura hace del pedido de jury del diputado Guillermo Castello?
–El jurado de enjuiciamiento es por la actividad judicial y lo que aquí se denuncia son mis expresiones públicas, mi sentido crítico de la realidad y de la política, con lo cual se convierte en una persecución política, una caza de brujas que me veo compelido a rechazar. Además no es la primera vez, existen antecedentes como los de Daniel Rafecas, Carlos Rozansky o Martina Forns, con represalias por suspender aumentos de tarifas, o el de la procuradora Gils Carbó, que si bien no es jueza también se la persigue por su pensamiento y su ideología política.
–Usted habló en la conferencia del intento de disciplinar a quienes pretender aplicar la ley y no actuar por designios del poder político. ¿Qué tan extendida o acotada es esa visión en el poder judicial?
–El judicial es un poder proclive a ceder frente a presiones políticas y poderes fácticos. Los jueces sienten que nada le deben a la comunidad, que no tiene ingerencia en los nombramientos ni en el ejercicio ni en la remoción. Como la población no incide, los jueces no sienten la necesidad de legitimarse frente a ellos sino ante los poderes que pueden promoverlos o garantizarles cierta impunidad a través de los medios.
–¿Conclusión?
–Deben existir espacios de participación social en el nombramiento, la selección y el ejercicio de la función judicial. Tiene que haber un observatorio estatal con fuerte participación de organizaciones sociales que evalúe permanentemente el cumplimiento de plazos y los estándares en materia de derechos humanos. Mientras no haya una incidencia real de la sociedad sobre el poder judicial los jueces van a mirar par otro lado, por eso hay que profundizar la participación. Con el decreto 222 de Néstor Kirchner se inició un camino democrático, participativo, pero que no fue extendido hacia el resto del poder judicial.
–El detonante de la denuncia fue su cuestionamiento a la conciliación obligatoria de Vidal. ¿Por qué es inconstitucional?
–Porque según la Constitución provincial el gobierno no puede tomar decisiones unilaterales ya que es parte del conflicto. La conciliación está prevista para que la disponga una tercero. El gobierno puede disponerla respecto de particulares, donde el Estado actúa como tercero imparcial. Pero si es parte no puede. Mucho menos para intentar frenar el desarrollo del derecho de huelga, porque entonces es una represalia. La Constitución estableció sabiamente hace 22 años la creación de un tribunal imparcial e independiente para dirimir este tipo de contiendas y ese tribunal nunca se creó, por eso las medidas unilaterales son inconstitucionales.
–También cuestionó el descuento de días de paro.
–Sí, ya lo había hecho el año pasado ante los descuentos a maestros y auxiliares, que además eran desproporcionados. Eso le costó la vida a una auxiliar en Mar del Plata.
–¿Por qué es ilegal?
–Por lo mismo: son medidas que el gobierno no puede tomar unilateralmente. Además es una medida antisindical. Hay que comprender que la huelga es un derecho, que si se ejerce regularmente no debería tener ninguna consecuencia, como serían los descuentos. El ejercicio regular de un derecho no puede constituir un acto ilícito, no puede tener consecuencias adversas para quien lo ejerce. Una persona que camina por la vereda ejerce el derecho a circular y la autoridad no puede ordenarle avanzar o retroceder. Sería absurdo desde el sentido común y desde el derecho. Con la huelga pasa lo mismo. Salvo que un tribunal imparcial e independiente lo declare ilegal, no puede tener como consecuencia el descuento. Sería como descontar un día de la licencia por vacaciones o por enfermedad.
–Durante la gestión Scioli usted le ordenó construir paradores para chicos de la calle, le anuló un aumento de Aguas Bonaerenses, le prohibió a la policía detener menores por averiguación de antecedentes. ¿Lo denunciaron por ese tipo de decisiones?
–Fui denunciado por el diputado Guido Lorenzino, hoy defensor del pueblo de la provincia, y por el legislador (Alberto) De Fazio. Tuve un jury y, por unanimidad, se estableció que no había responsabilidad alguna.
–¿En qué caso fue?
–En la investigación de muertes por la inundación en La Plata.
–En 2012, cuando le ordenó a Scioli pagar el medio aguinaldo en un pago y no en cuatro como pretendía, usted respondió a PáginaI12 que no recibía presiones y valoró “la libertad para decidir y tener controles efectivos al poder”. ¿Corre peligro esa libertad?
–Sí. Lo inédito es que no se me intente juzgar por fallos vinculados a los docentes o al de aumento de tarifas sino por mi ideología. Se ataca mi forma de pensar y expresarme. Creo que hay mucha ignorancia, no sólo de quien impulsa el jury sino de parte de la prensa, que no alcanza a comprender que la ideología es consustancial al ser humano. La neutralidad valorativa no existe. Eso no debe confundirse con la imparcialidad que debemos tener los jueces para decidir. La ideología no tiene necesariamente un correlato con la participación en un partido político, son cuestiones diferentes que se mezclan. Cuando alguien piensa diferente se dice “es kirchnerista”, se le da identidad partidaria, y muchas veces no la hay, es una identidad ideológica, es muy distinto.
–¿Recibió apoyos a partir de la denuncia?
–Sí, estoy conmovido por la enorme solidaridad de mucha gente que me mandó mensajes con muestras de afecto y agradecimiento. También fueron muchos al juzgado. Al momento de decidir siempre puse la mirada sobre la parte más desventajada de las relaciones jurídicas, he tratado de equilibrar las desigualdades del poder, creo que esa es la finalidad del derecho en toda la modernidad, y bueno, estoy viendo los resultados: por un lado hay ataques, pero la sociedad ha respondido con muestras de afecto y solidaridad.
